Un olmo que no peras

Un olmo que no da peras

Mariano Ferrer

Van a hacer falta más segundos. 45 son los que el Lehendakari nos pide que dediquemos a las dos preguntas de una consulta que, en sus palabras, puede convertir un sueño en realidad, y que, según Patxi López, puede destruir la Euskadi construida por los vascos estos últimos 30 años. De hecho, leer las preguntas en un solo idioma lleva 25 segundos, pero para hacer realidad el sueño del Lehendakari o la destrucción que augura Patxi López harán falta bastantes más que los 20 restantes. Por desgracia o afortunadamente, según compartamos el pronóstico ilusionante de Ibarretxe o el apocalíptico de López. Soseguémonos y pongamos los pies en el suelo; la consulta no va a suponer ni lo uno ni lo otro.

La expectación acerca de las preguntas sorprende un poco porque estaban anticipadas en la hoja de ruta que el Lehendakari dio a conocer el 27 de septiembre pasado. Dijo ese día que, de no alcanzar un acuerdo con el Presidente del Gobierno, pediría autorización al Parlamento vasco para una consulta que trasladara el mandato de la sociedad vasca de abrir un doble proceso de diálogo y de negociación que conduzca al final definitivo de la violencia, por un lado, y abordar la solución al conflicto político, por otro. Lo que ha hecho ahora ha sido vestir esos dos objetivos, para dotarlos de mayor respetabilidad, con formulaciones que en la primera pregunta reproducen el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea y la resolución del Congreso el 17 de mayo de 2005 que habilitaban el proceso de final dialogado de la violencia y, en la segunda, rememoran el compromiso del Presidente del Gobierno en los pasillos del Congreso, el 29 de junio de 2006, de respetar las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos.

Se han dicho y escrito tantas cosas sobre la consulta durante estos meses que resulta redundante volver sobre ellas, pero cabe hacer algunas observaciones sobre las principales objeciones que se han vertido al conocerse las preguntas. Se pueden agrupar en cuatro capítulos principales: legalidad, contenido, oportunidad y trampa electoralista.

No osaré resolver en estas líneas la cuestión de legalidad. Doctores tiene el derecho constitucional y estatutario para argumentar, y magistrados el T.C. para resolver. Sí diré que más que un problema de legalidad lo es de voluntad política. Es cierto que el Estatuto no recoge expresamente la competencia de proponer consultas y que la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva para autorizar consultas populares por vía de referéndum. Pero se puede discutir que esta consulta no vinculante se corresponda con la del referéndum que recoge el art. 149 de la Constitución, se puede defender que la consulta que propone Ibarretxe está implícita en el encargo a los poderes públicos vascos de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política que recoge el art. 9 del Estatuto de Gernika y, en todo caso, lo que la Constitución establece es que de tratarse de un referéndum corresponde al Gobierno central autorizarlo. Plantear como “inconstitucional” algo que el Presidente del Gobierno puede autorizar, máxime cuando ese “algo” es pedir la opinión de los ciudadanos, me parece excesivo. Lo inconstitucional será en todo caso llevarla a cabo sin permiso, punto al que todavía no hemos llegado ni, probablemente, llegaremos.

En relación con el contenido, se critica que no incluye condena categórica de ETA y que le pone en bandeja justificar la violencia como respuesta al rechazo del Gobierno a la consulta, con el pretexto de una presunta voluntad popular no atendida. Por lo visto, el argumento de la condena es reversible porque, cuando se creía que la pregunta la iba a incluir, se reprochó que obedecía a un interés táctico para forzar el “no” de EHAK. Pero, aparte de que es obvio que el final dialogado que se propone implica la exigencia a ETA de abandonar las armas, la pregunta pretende acelerar esa decisión y no se espera a hacerla “en ausencia de violencia” porque sólo tiene sentido con ETA activa. Y respecto del uso que pueda hacer ETA, ¿si se afirma que la consulta no tiene ningún valor para desautorizar a ETA, porque no va a hacer maldito el caso, por qué va a valer para darle argumentos? Me parece un grave error de concepto relacionar la razón o sinrazón de la voluntad criminal de ETA, que tiene un tracto histórico de largo tranco, con decisiones políticas actuales de instituciones democráticas.

Se argumenta también que la segunda pregunta relaciona el fin de la violencia con la aceptación del programa máximo nacionalista de la autodeterminación. Es una lectura interesada para descalificarla con facilidad. La pregunta se limita a proponer un acuerdo democrático entre todos los partidos vascos sobre el ejercicio del derecho a decidir. El acuerdo a alcanzar no tiene por qué coincidir con el programa máximo nacionalista que, ni parece que PSE y PP estén dispuestos a ello. Se trata de ver hasta dónde se puede coincidir en la línea del derecho a decidir para salir del bloqueo político.

Otra cosa es que sea discutible la oportunidad de formular una consulta sobre un acuerdo en este momento imposible por la falta de consenso, incluso entre los propios nacionalistas, o que se pueda sostener que para este viaje no hacían falta estas alforjas una vez que el desgaste político y el tiempo empleados resultan excesivos para el logro alcanzable. Pero eso está por ver. Lo que se plantea es conocer el apoyo que esta propuesta tiene en la sociedad vasca. Y no vale argumentar que la consulta divide a los vascos. Se hace porque ya estamos divididos pero no sabemos exactamente cómo. Más que el proponerla, lo que hace polémica la consulta es el tremendismo, el lenguaje apocalíptico (“desafío al Estado que pone a la sociedad vasca al borde del abismo”) con el que ha sido descrita con la intención de hacerla fracasar. Una estrategia tan electoral como puede ser la del Lehendakari. El mayor peligro de la consulta es el alboroto creado en torno a ella. Sin ese provocado contexto hostil, la respuesta de la sociedad vasca, que más que inquieta por la consulta parece poco motivada por ella, hubiera podido contribuir a clarificar la situación, bien con su abstención, bien con sus síes o noes.

A la vista de la situación presente, ese resultado positivo parece inalcanzable y la iniciativa del Lehendakari puede ser tachada de error de cálculo por poner en marcha un proceso que no podía controlar y llevar a buen puerto. Pero responder a ella con criterios de mera legalidad formal, perfectamente superables de haber voluntad política, para impedir que la sociedad vasca se manifieste, se puede escudar en el respeto a las reglas de juego pero revela también preocupación por lo que pudiera decir. Y este miedo, y la consiguiente negativa a superar los aspectos problemáticos que la consulta plantea, no es el mejor síntoma de un compromiso democrático profundo.

¡Cuánto hubiéramos ganado todos con un poco más de ponderación y equilibrio al establecer tanto el horizonte de la consulta, un instrumento democrático a conjugar con criterios de legalidad y oportunidad política, como sus eventuales peligros que en ningún momento pueden suponer una amenaza para la democracia! Pero que una persona de contrastado criterio y buen juicio en tantos temas, como Soledad Gallego-Diaz, simplifica esta cuestión diciendo que todo se reduce a que el Lehendakari intenta mantenerse en el poder como sea, por encima incluso de su propio partido, significa que pedir ponderación en el tema vasco, después de tanto dolor y tantas frustraciones, es pedir peras al olmo.

Mariano Ferrer