¿A cuánto o a qué es el partido?

¿A cuánto o a qué es el partido?

Mariano Ferrer

Se regodea la prensa de la Corte al observar la diversa frecuencia de onda en que los defensores de la consulta emiten su entusiasmo. Mientras el Presidente del PNV proclama que no habrá urnas para una consulta declarada ilegal --lo mismito que Fernández de la Vega, con la diferencia de que Urkullu no cree que debiera serlo-- Ibarretxe prefiere ir paso a paso sin adelantar qué hará si aprobada en el Parlamento Vasco la ley de consulta, el Gobierno la recurre y el Tribunal Constitucional la suspende.

Puesto que Ezker Batua va a preguntar a sus militantes qué postura debe adoptar ante la consulta, parece que, si tomamos como referencia las palabras de su presidente Ziarreta y pasamos por alto reservas expresadas por destacados dirigentes como Iñaki Galdós, sólo EA mantiene una postura indubitable a favor de lo que propone el Lehendakari. Afirma Ziarreta que decir sin más que vamos a acatar siempre la ley española es reconocer de antemano la derrota, y que EA no está dispuesta a eso y va a jugar el partido. La cuestión es, por desgracia, saber qué partido estamos jugando: si es a 22 tantos, como la pelota a mano, a 35 como el remonte; a dos tiempos de 45 minutos como el fútbol; a meter el balón en la canasta como el baloncesto, o se trata simplemente de pasar la pelota sobre la red como en el tenis.

No quiero parecer sarcástico ni abusar de la ironía, pero temo que el ciudadano medio esté hecho un lío, y no sólo por la confusa maraña de pronunciamientos a favor y en contra de la iniciativa de Ibarretxe sino, y principalmente, por la nebulosa que rodea lo que está en juego, el objetivo final de todo esto. Me explico.

El Lehendakari ha puesto en blanco y negro el texto de las preguntas de la consulta, y que su objetivo con ella es impulsar un doble proceso: de fin dialogado de la violencia cuando se den las circunstancias que lo permitan (la decisión de ETA de poner fin a su actividad armada), y de negociación entre los partidos vascos sin exclusiones para lograr un acuerdo sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. Ahora, examinemos el contexto.

Ni ETA da muestra alguna en este momento de tener intención de poner fin a su actividad sin un previo acuerdo político satisfactorio, ni se observa en el Gobierno de España el menor interés en abrir expectativa alguna de negociación con ETA. De hecho, como teorizaba con visos de doctrina oficial Patxo Unzueta en “El País” este miércoles, al año de la ruptura del alto el fuego hay un entendimiento operativo entre PP y PSOE de no repetir el error del proceso último. Es un entendimiento tácito, que rehuye la rectificación formal por parte de Zapatero --así, no se deroga formalmente la resolución del Congreso de mayo de 2005-- pero implica el reconocimiento de que obedecía a un error de planteamiento “porque sólo sirve para alentar la esperanza de ETA de conseguir objetivos políticos”. Las consecuencias de la rectificación están a la vista, no sólo en la lucha directa contra ETA, sino en la determinación de ahogar políticamente a la izquierda abertzale y en el rechazo a tratar con el Gobierno vasco lo que fue inútil abordar con ETA.

Si miramos a la segunda pregunta de la consulta, el contexto no es más optimista. Para empezar, la izquierda abertzale está ilegalizada y sin posibilidad de participar dada la determinación del Gobierno de mantenerla en esa situación, y ni PSE ni PP están dispuestos a entrar en una negociación planteada en los términos que propone el Lehendakari. El PP, por principio; los socialistas porque reniegan de un proceso que no asegura la normalización política al no garantizar el final de la violencia, y también porque uno de sus objetivos es disputarle al PNV la Lehendakaritza. Pero, además, está en cuestión la determinación de los proponentes de la consulta, hasta dónde están dispuestos a llegar caso de que el previsible veto de la autoridad competente convierta un procedimiento que se pretende democrático y legal en una confrontación abierta con la legalidad vigente.

Imagino al ciudadano medio un tanto aturdido. ¿Se le plantea una consulta a la sociedad para conocer el apoyo con que cuenta la iniciativa del Lehendakari, una consulta para la que el Gobierno vasco tiene o debía tener competencia, o se le plantea un referéndum ilegal que salta por encima de la naturaleza autonómica del poder que ostenta el Gobierno vasco para plantear un nuevo marco a día de hoy inconstitucional?

En otras palabras, ¿se le plantea una ruptura con el ordenamiento jurídico para abrir la puerta a la autodeterminación y la independencia si así lo quiere la sociedad vasca, o un horizonte de negociación que respeta el procedimiento legal vigente para la reforma del autogobierno?

Y si el horizonte es la negociación, ¿cómo se plantea?: ¿De igual a igual, sin subordinación del sujeto político vasco a la voluntad estatal que se afirma soberana, o meramente bilateral pero con garantías de que lo acordado se cumple? Y ¿cuál es la materia del acuerdo? ¿Se trata, como se ha dicho desde el EBB, de un acuerdo singular, un paso de gigante en el autogobierno, no generalizable al mapa autonómico común, pero que cabría en una lectura flexible de la Constitución y el Estatuto incluidas sus disposiciones adicionales (derechos históricos), o de algo más? En otras palabras, ¿supone la superación de la vía estatutaria, o cabe dentro de ella?

Supongo que habrá quien tenga esto muy claro, pero estoy seguro de que la mayoría no. Y mucho menos qué pasa cuando Madrid cierre la puerta a la consulta. Es esta indefinición en torno a lo que de veras se pretende, y hasta dónde se está dispuesto a luchar por ello, lo que alienta la sospecha de que todo el lío de la consulta derive en mera baza electoral, que se trate preparar el terreno para establecer en las urnas una relación de fuerzas favorable, no para perseguir la modificación del marco que normalice nuestra convivencia política, sino para asegurar el poder político que se ostenta.

Creo en la buena intención del Lehendakari; que busca la paz y la normalización política y que pretende lograrlo dentro de cauces democráticos respetuosos con la legalidad vigente. Creo también que un sistema democrático que se precie no necesita reaccionar histéricamente ante la consulta que se propone. Pero en nuestro contexto político concreto, el planteamiento del Lehendakari puede, si interesa, y en Madrid interesa, derivarse a una confrontación de legitimidades con una relación de fuerzas adversa para el Gobierno vasco y sin visos de que quienes apoyan formalmente la iniciativa estén dispuestos a asumir las consecuencias de tal confrontación, ni de que nuestra sociedad esté preparada para ello.

Comprendo la razón política del ir “paso a paso” del Lehendakari; ahora se trata de que el Parlamento vasco apruebe la ley de consultas y ya vendrá luego lo que tenga que venir, pero la incertidumbre sobre lo que realmente está en juego, de qué es realmente a lo que se nos convoca, anestesia la implicación de la sociedad. Y sin ella, no hay forma de darle la vuelta a la actual relación de fuerzas. Si se está dispuesto a la confrontación democrática la ciudadanía necesita saberlo y entender sus razones. Y si no, ese viaje no necesitaba estas alforjas.

Creo que el momento actual pide más pedagogía que musculatura. La iniciativa del Lehendakari, con su desenlace, puede ser muy pedagógica, pero sólo será provechosa si sintoniza con una sociedad que la entiende y asume sus consecuencias. Aunque el final no sea “el gran salto adelante” sino otro paso más. Cuál es ese paso es lo que tiene que quedar más claro.

Mariano Ferrer