Casillas vacías
Mariano Ferrer
Ibarretxe conseguirá que recitemos los cinco pasos de su hoja de ruta como antaño los cinco nombres (Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza) de aquella mítica delantera del Athletic. Otra cosa es que logre que todos entiendan, o quieran entender, lo que él plantea, o que sea un planteamiento realista dado cómo han evolucionado las cosas en España durante la última legislatura y, en particular, tras un 9-M que ha reducido el margen de maniobra de Ibarretxe y ampliado el de Zapatero.
El Lehendakari salió el jueves en la versión televisada de Ganbara a hacer faena, a decir aquí estoy yo y estos son mis poderes. También a hacerse entender, a reducir la confusión en torno a su hoja de ruta, y a mostrarse dispuesto a ir paso a paso. El encuentro con Zapatero es sólo el primero de los cinco pasos previstos, pero también el que determinará si se abre o no el horizonte para un acuerdo entre todas las formaciones políticas vascas llamadas a dar forma, a partir de las bases acordadas con Zapatero, a un proyecto jurídico-político para la convivencia (pacificación + normalización política) que, tras ser ratificado en el Parlamento vasco, deberá ser asumido por el Congreso de los Diputados y sometido a referéndum en 2010.
Si no se abre ese horizonte, es decir, si no hay acuerdo de bases con Zapatero, Ibarretxe intentará un recorrido alternativo para evitar una situación política bloqueada: solicitar del Parlamento vasco en junio la habilitación para una consulta a la ciudadanía vasca en octubre, cuyo contenido está por concretar pero que se centraría en el apoyo de la ciudadanía a dos propósitos:
- el final dialogado de la violencia si se dieran las condiciones establecidas en la resolución del Congreso de mayo de 2005, básicamente, la disposición inequívoca de ETA de poner fin a la violencia política;
- una mesa de partidos sin exclusiones para acordar el marco de relaciones con el Estado, a negociar con el Gobierno de España. Una convocatoria electoral subsiguiente permitiría a la ciudadanía vasca determinar la relación de fuerzas para esa negociación con Madrid.
Es preciso reconocer que, pese al esfuerzo pedagógico de Ibarretxe, los diversos cambios de rasante de la hoja de ruta, en función de los acuerdos o desacuerdos en su desarrollo, dibujan un itinerario difícil. Por su complejidad, que permite interpretaciones tergiversadoras, y por los obstáculos a los que tiene que hacer frente en términos de oportunidad, voluntad política, contenidos y legalidad. Pero la primera cuestión es si Zapatero tiene voluntad política de pactar con Ibarretxe las bases sobre las que los partidos políticos elaboren un acuerdo concreto.
Si nos atenemos a lo manifestado por Fernández de la Vega como portavoz del Gobierno este viernes, ni la ha tenido, ni la tiene, porque la hoja de ruta no cabe en la Constitución. El propósito de Ibarretxe de incorporar como bases para la negociación de los partidos vascos los puntos recogidos en el borrador de Loiola, posteriormente rechazado al negarse PNV y PSE a las concreciones que exigía la delegación de Batasuna, aparte de ventajista, resulta evidentemente inoportuno para el Gobierno de Madrid en estos momentos porque resucita todos los fantasmas del PP, en los que Zapatero no tiene el menor interés en enredarse, por lo menos tan pronto. Por otra parte, las expectativas actuales del PSE de culminar la alternancia ocupando la Lehendakaritza, posibilidad que cambiaría totalmente los parámetros de la negociación sobre el autogobierno haciéndola mucho más cómoda para Madrid, no ayuda tampoco a que Zapatero se dé prisa en facilitar a Ibarretxe sacar adelante su hoja de ruta. Lo previsible es que Zapatero reitere a Ibarretxe la hoja de ruta de Madrid: revisión al alza del autogobierno dentro de la Constitución de acuerdo con el procedimiento de reforma estatutaria, esto es, acuerdo entre vascos, visto bueno del Congreso y referéndum final. Nada de consultas intermedias a la sociedad.
Ibarretxe anunció la incorporación de los papeles de Loyola a la hoja de ruta y reiteró su disponibilidad al diálogo para rellenar “las casillas vacías”, pero también su decisión de seguir adelante si se rechaza su mano tendida, decisión que cuenta con el pleno apoyo del tripartito y, en particular, de su partido. Quizás con esto último se metió en la boca más de lo que podía masticar, o la audiencia creer, pero argumentó con fuerza en otros puntos.
Aducen los socialistas vascos para negarse a incluir los papeles de Loiola como base para la negociación que, en el fallido proceso, estaba en juego el final de violencia y la incorporación de la izquierda abertzale al sistema. Responde el Lehendakari que eso implica reconocer que en la mesa política de Loiola no se trataba de resolver un conflicto político desde parámetros democráticos, sino terminar con una organización terrorista con concesiones políticas. Considerar invalidado, por el rechazo de Batasuna (o ETA), un acuerdo que puede asumir la mayoría de los partidos, implica dejar en manos de ETA la tarea política que corresponde a las fuerzas democráticas. Y en lo que respecta al acuerdo previo entre vascos que Zapatero exige para aceptar una negociación, Ibarretxe replicó con justicia que no es de fiar quien prometió respetar el acuerdo de los catalanes para luego cepillárselo. De ahí que busque un marco inicial con bases acordadas al máximo nivel.
Trató de despejar el Lehendakari la cuestión de legalidad distinguiendo entre la consulta sin valor jurídico y el referéndum vinculante. Este, que se celebraría al final de todo el proceso, está reservado al Gobierno de España, pero para la consulta no vinculante orientativa deb ser competente el Parlamento vasco, como ocurre en Cataluña y Andalucía. Tiene muy mala venta democrática negar a la sociedad vasca la posibilidad de expresar democráticamente su opinión sobre unos asuntos que condicionan decisivamente su convivencia.
Pero, aunque se habla poco de ello, la cuestión básica no afecta a la legalidad de la consulta sino al referéndum final. Los contenidos del acuerdo que se propone alcanzar el Lehendakari sobre la base de los papeles de Loyola pueden ser discutibles, bien vistos por unos y no por otros, pero el verdadero no es tanto el huevo (qué se envía a Madrid), sino el fuero (quién decide lo que se somete a referéndum). No habrá problema si el acuerdo entre vascos se somete al escrutinio y aprobación del Congreso y el referéndum final versa sobre lo que se apruebe en Madrid; pero lo habrá si se pretende que el Congreso se limite a un visto bueno formal para someterlo sin cepillado a referéndum.
Puede pensarse que, tras la experiencia catalana, el PSE se cuidará mucho de aceptar nada que plantee problemas en Madrid, pero entonces la hoja de ruta no habría servido para mucho. Esto, la previsible oposición del PP y UPN (por principio) y de Batasuna (por insuficiente), junto con la falta de vibración social en apoyo de la iniciativa de Ibarretxe, y no tanto los pasos sucesivos a dar, son las casillas vacías que necesita rellenar la hoja de ruta.
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