DEMOCRACIA Y CONSULTA (II)
¿Qué hacer?
Paco Garmendia
Creo haber expuesto las razones por las que no me gustan los términos en los que está planteado el debate actual sobre la consulta. Pero raramente son los idealmente deseados, los contextos de vida en los que debemos optar. En la oposición a la obsesión cesarista que demuestran quienes dirigen el actual gobierno de España en su empeño por impedir que los vascos manifestemos, en consulta pública, nuestra opinión sobre cuestiones controvertidas que atenazan nuestro desarrollo democrático, debo situarme del lado del Gobierno de Euskadi.
Y lo debo por convicción democrática y por fidelidad a una tradición positiva de nuestra historia institucional. En la disposición adicional del Estatuto de Gernika se hace referencia a que los vascos no renunciamos a lo que por la historia y como pueblo nos corresponde. Una de las características principales del sistema político foral era, precisamente, la participación consultiva y deliberativa de los vecinos - ciudadanos en cuantas cuestiones afectaban a su vida en común. En realidad, tal como recoge Larramendi en su diccionario, agintari (persona que ejerce como autoridad) quiere decir prometedor, en cuanto que es persona obligada a cumplir la palabra dada a su comunidad. Las Juntas Generales, en muchas cuestiones, deliberaban en dos fases: en la primera se recogían los puntos a tratar y en la segunda se tomaban las decisiones, previa consulta a las asambleas de vecinos y sus órganos.
Precisamente a la luz (con sus sombras) de esa tradición, lamento que las circunstancias hayan impedido un planteamiento más avanzado por parte del Gobierno Vasco. Debía haber habilitado, a través de una Ley que desarrollase lo establecido en el Estatuto de Gernika, unos procedimientos que facilitasen la participación consultiva de los ciudadanos, que no debe confundirse con los procedimientos de referéndum para ratificar determinados acuerdos políticos.
Hacer una ley ad hoc o ad casum, habilitando un procedimiento para un contenido de preguntas precisas y limitadas preestablecidas por este u otro Gobierno, equivale, de hecho, a constreñir la posibilidad de libre participación de los ciudadanos que deseen introducir otras preguntas en la consulta que se plantee. Es de desear que próximamente sea posible un acuerdo en sede parlamentaria sobre este particular, salvando la libertad ciudadana a preguntar en público a los conciudadanos, quienes, a su vez, ejerceríamos la libertad de no contestar o de contestar a favor o en contra.
Centrándonos, en el caso que nos ocupa, en las dos proposiciones sobre las que el Gobierno Vasco quiere preguntar en la consulta considero relevante destacar lo que en ellos se indica que no debe hacerse si queremos avanzar por la senda democrática y por qué es importante tomar posición sobre los contenidos en ellas planteados.
Existe la necesidad urgente de clarificar si los ciudadanos vascos y, de manera particular, los identificados nacionalmente como vascos, amparan o condenan la lucha armada (con crímenes, atentados y persecución terrorista) que ETA practica, enarbolando la enseña vasca, como si representase al Pueblo Vasco.
Esta cuestión es importante tanto interna como externamente desde un punto de vista democrático. El Lehendakari Ibarretxe ha afirmado que “ETA es el mayor enemigo, el obstáculo más grande para que el Pueblo Vasco haga su camino”. Y, sin embargo, el PP y, también, el PSOE atacan al Lehendakari como cómplice de la estrategia de ETA. Esta opinión es la que impera en el mundo occidental por la amplia campaña al alimón de los aparatos de los Estados de España y Francia, de un lado, y de la propia ETA que se autopresenta como defensora de la causa vasca, del otro.
En este contexto es importante poner a ETA, al PP y al PSOE donde les corresponde, para lo que puede ser útil la pregunta primera de la consulta, que, de interpretarse tomando en su conjunto lo manifestado en sede parlamentaria por el Lehendakari del Gobierno proponente, significa:
a. que la sociedad vasca le niega a ETA toda legitimidad para negociar nada en nombre del Pueblo Vasco como no sea su autodisolución a la que, en su caso, seguiría el final dialogado de quienes se hallan cumpliendo condenas y viviendo irregularmente debido a su implicación en actos de terror;
b. que la sociedad vasca no acepta, por tanto, ninguna decisión de ninguna autoridad que negociase nada con ETA como no sea lo anteriormente dicho; y, en consecuencia, exige a las autoridades que le representan el respeto riguroso a dicha posición.
La segunda proposición de la consulta está justificada por la necesidad de clarificar si la sociedad vasca está de acuerdo con el inicio de un nuevo proceso deliberativo para corregir la situación actual de incumplimiento del Estatuto de Gernika por parte del Estado y su negativa a corregir tal proceder, como hubiese sido de rigor desde la bilateralidad no subordinada, en la que se sustenta el pacto del Estatuto de Gernika.
Esta pregunta completa la primera desde un punto de vista democrático. Hay que denunciar el incumplimiento del Estatuto de Gernika (por invasión unilateral con Leyes Básicas laminadoras y omisión intencionada de transferencias pospuestas sine die después de 28 años), abogando por una solución radical que garantice la biletaralidad no subordinada, lo que exige respetar lo libremente pactado con amparo institucional suficiente para obligar a ello.
Para el desarrollo positivo de las instituciones vascas en la época moderna, resultó trascendental la integración popular eficiente tanto en la lucha contra los desmanes terroristas de los Parientes Mayores, así como en la salvaguarda del principio de negarse a aceptar como voluntad propiamente vasca, la que unilateralmente quisiesen imponer las autoridades de los Reinos a los que se hallaban vinculados los territorios vascos, aplicando el “ pase foral” en Bizkaia, el “derecho de sobrecarta en Navarra” o el “uso” en Gipuzkoa.
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